Ilegalidad, alegalidad y economía colaborativa #COETUR

El título de la mesa redonda daba paso a uno de los temas más esperados por los asistentes a la cuarta edición del Congreso Europeo de Turismo Rural (COETU). Los contertulios expertos en la materia tenían como reto debatir sobre la imparable realidad que se avecina y las posibles soluciones para crear un escenario apropiado de competencia y competitividad.

El debate moderado por Ana Llera, consultora de Flasem Quality Consulting, estaba compuesta por:

• Carlos Pérez, Presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas Andaluzas (AVVA)
• Joaquín Sanz, Presidente de la Asociación de Casas Rurales de La Rioja (Ascarioja)
• Isabel Ardura Montes, Jefa de Servicio de Gestión y Calidad en Asturias Turismo
• Pablo Fernández, CEO de B4U

Ana Llera tomaba la palabra para animar al público, lanzarles la primera pregunta “¿cuántos de vosotros tenéis un alojamiento rural?” y hacerles partícipes de un tema preocupante y polémico para los empresarios del turismo rural y la administración pública que es la Ilegalidad, la alegalidad y la economía colaborativa.

Llera, antes de dar paso a los componentes de la mesa, quiso definir los siguientes términos: ilegal-alegal (“ejercicio de actividades profesionales por personas no autorizadas para ellos”), economía colaborativa (“Modelos de negocio en los que se falicita actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares, con o sin ánimo de lucro”) y turismo rural.

La mesa redonda debatió la primera pregunta, ¿hay que normalizar la regularización de las normativas de las viviendas vacacionales?, pues hay varias CC.AA, como La Rioja o Cantabria, que todavía no tienen una regulación respecto a este tema. Según Isabel Ardura la normativa para las viviendas vacacionales en Asturias es más flexible que en otras Comunidades Autónomas y eso ha facilitado la convivencia entre todos.

Por otro lado, Pérez apuntó que no son una moda las plataformas que anuncian viviendas vacacionales, son tendencia. Cada vez la regulación de esta temática tiene un papel más importante para contar con este tipo de alojamientos. Queda un largo camino para plantear y planificar esta tendencia. “En realidad todos tenemos un interés común”, señala Pérez. De hecho, en el caso de Andalucía varios propietarios han pasado de ser alegales a ser ilegales.

Otra de las preguntas que planteó Llera, en este caso al presidente de la asociación Ascarioja, fue por las más de 300 viviendas vacacionales que hay en La Rioja. Joaquín contestó lo siguiente: “no parece ser un tema grave para los socios de Ascarioja. De hecho, en el tiempo que llevo yo como presidente, que es mucho, no se ha hecho ninguna denuncia a este tipo de establecimientos”.

Con el micro en mano, Joaquín aprovechó para aborda el tema de la economía colaborativa y mencionar a Airbnb. Una empresa que catalogó como multinacional y cuestionó su sobrenombre “economía colaborativa”.

Por su parte, Pablo Fernández, retomó el tema de la economía colaborativa y las plataformas específicas de turismo y planteó la siguiente cuestión:” ¿por qué sólo se le criminaliza a Airbnb y no se le mete en el mismo saco a Booking?” Al fin y al cabo, no hay que recurrir a las administraciones para regular estas normativas sino a los clientes. Son ellos quienes buscan y reservan en Airbnb porque venden experiencias, comentó Pablo. “Ni recomiendo, ni dejo de recomendar Airbnb, sólo digo que es un nicho de mercado y son los millenials el target”.

Concluye el debate con las preguntas del público. Concretamente, con la que lanzó Gustavo Nash, otro de los contertulios de esta cuarta edición de COETUR, al público: ¿cuántos de vosotros habéis denunciado a un establecimiento que sabéis que es ilegal? Las manos entre los asistentes fue las mínimas.

Se demostró que lo que previamente anunciábamos: “la ilegalidad, alegalidad y economía colaborativa es un tema preocupante y polémico”.

Ilegalidad, alegalidad y economía colaborativa #COETUR

El título de la mesa redonda daba paso a uno de los temas más esperados por los asistentes a la cuarta edición del Congreso Europeo de Turismo Rural (COETU). Los contertulios expertos en la materia tenían como reto debatir sobre la imparable realidad que se avecina y las posibles soluciones para crear un escenario apropiado de competencia y competitividad.

El debate moderado por Ana Llera, consultora de Flasem Quality Consulting, estaba compuesta por:

• Carlos Pérez, Presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas Andaluzas (AVVA)
• Joaquín Sanz, Presidente de la Asociación de Casas Rurales de La Rioja (Ascarioja)
• Isabel Ardura Montes, Jefa de Servicio de Gestión y Calidad en Asturias Turismo
• Pablo Fernández, CEO de B4U

Ana Llera tomaba la palabra para animar al público, lanzarles la primera pregunta “¿cuántos de vosotros tenéis un alojamiento rural?” y hacerles partícipes de un tema preocupante y polémico para los empresarios del turismo rural y la administración pública que es la Ilegalidad, la alegalidad y la economía colaborativa.

Llera, antes de dar paso a los componentes de la mesa, quiso definir los siguientes términos: ilegal-alegal (“ejercicio de actividades profesionales por personas no autorizadas para ellos”), economía colaborativa (“Modelos de negocio en los que se falicita actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares, con o sin ánimo de lucro”) y turismo rural.

La mesa redonda debatió la primera pregunta, ¿hay que normalizar la regularización de las normativas de las viviendas vacacionales?, pues hay varias CC.AA, como La Rioja o Cantabria, que todavía no tienen una regulación respecto a este tema. Según Isabel Ardura la normativa para las viviendas vacacionales en Asturias es más flexible que en otras Comunidades Autónomas y eso ha facilitado la convivencia entre todos.

Por otro lado, Pérez apuntó que no son una moda las plataformas que anuncian viviendas vacacionales, son tendencia. Cada vez la regulación de esta temática tiene un papel más importante para contar con este tipo de alojamientos. Queda un largo camino para plantear y planificar esta tendencia. “En realidad todos tenemos un interés común”, señala Pérez. De hecho, en el caso de Andalucía varios propietarios han pasado de ser alegales a ser ilegales.

Otra de las preguntas que planteó Llera, en este caso al presidente de la asociación Ascarioja, fue por las más de 300 viviendas vacacionales que hay en La Rioja. Joaquín contestó lo siguiente: “no parece ser un tema grave para los socios de Ascarioja. De hecho, en el tiempo que llevo yo como presidente, que es mucho, no se ha hecho ninguna denuncia a este tipo de establecimientos”.

Con el micro en mano, Joaquín aprovechó para aborda el tema de la economía colaborativa y mencionar a Airbnb. Una empresa que catalogó como multinacional y cuestionó su sobrenombre “economía colaborativa”.

Por su parte, Pablo Fernández, retomó el tema de la economía colaborativa y las plataformas específicas de turismo y planteó la siguiente cuestión:” ¿por qué sólo se le criminaliza a Airbnb y no se le mete en el mismo saco a Booking?” Al fin y al cabo, no hay que recurrir a las administraciones para regular estas normativas sino a los clientes. Son ellos quienes buscan y reservan en Airbnb porque venden experiencias, comentó Pablo. “Ni recomiendo, ni dejo de recomendar Airbnb, sólo digo que es un nicho de mercado y son los millenials el target”.

Concluye el debate con las preguntas del público. Concretamente, con la que lanzó Gustavo Nash, otro de los contertulios de esta cuarta edición de COETUR, al público: ¿cuántos de vosotros habéis denunciado a un establecimiento que sabéis que es ilegal? Las manos entre los asistentes fue las mínimas.

Se demostró que lo que previamente anunciábamos: “la ilegalidad, alegalidad y economía colaborativa es un tema preocupante y polémico”.